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Malos expresidentes: ¿Debería Perú construir una cárcel presidencial?

Caricatura por Wren McDonald

Mientras Perú se prepara para el bicentenario de su independencia de España en 1821, en lugar de esperar este momento con optimismo, se encuentra ante un paisaje político lúgubre: cuatro de sus expresidentes están en prisión o prófugos de la justicia por delitos de violaciones a los derechos humanos o corrupción. ¿Es un récord mundial? Tal vez, pero no uno que se quiera celebrar.

En respuesta, el mes pasado, en su mensaje anual a la nación a fines de julio, el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, prometió una cruzada para reconstruir al país tras las inundaciones devastadoras y un enorme escándalo, que en conjunto acabaron con las posibilidades de crecimiento económico y minaron aún más la confianza de los peruanos en el presidente mismo.

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Estos cuatro presidentes han dejado su huella en la historia —y la justicia— del país.

Primero, Alberto Fujimori, el autócrata que gobernó de 1990 a 2000, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, y después también por malversación y corrupción.

Recientemente, se le unió en el Penal de Barbadillo, en Lima, Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, después de que un juez ordenara que él y su esposa, Nadine Heredia, debían estar en prisión preventiva por 18 meses antes de su juicio, mientras se les investiga por lavado de dinero y delitos de asociación delictuosa. A Humala también se le acusa de haber cometido asesinatos extrajudiciales cuando fue capitán del ejército en la base ubicada en una selva remota en la década de los noventa.

Otro expresidente, Alejandro Toledo, quien gobernó de 2001 a 2006 y devolvió la democracia al país después de Fujimori, está luchando contra la extradición a Perú, presuntamente desde su casa en Palo Alto, California, donde alguna vez fue profesor visitante de la Universidad de Stanford. A Toledo se le acusa de haber recibido sobornos por un monto de 20 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el ojo del huracán del escándalo de corrupción que sacude a Brasil.

Por último, en enero una corte de Roma sentenció a Francisco Morales Bermúdez, dictador militar entre 1975 y 1980, a cadena perpetua por su participación en las muertes de 23 personas de ciudadanía italiana que vivían en América Latina. Estas ocurrieron durante la Operación Cóndor, una campaña de terrorismo militar que llevaron a cabo dictadores de derecha en Sudamérica con la asistencia técnica y militar de Estados Unidos. Morales, quien no será encarcelado debido a su avanzada edad, es el único presidente sentenciado que no fue elegido.

Los peruanos están consternados por haber votado por tantos presidentes que acabaron siendo enjuiciados como criminales. El único exmandatario con vida que no ha sido acusado hasta ahora es Alan García, quien estuvo en el poder durante dos periodos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, y a quien, irónicamente, desde hace décadas lo persigue la reputación de corrupto. No obstante, está siendo investigado por irregularidades financieras en la construcción del Metro de Lima, la cual, una vez más, corrió por cuenta del conglomerado brasileño Odebrecht.

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Esta crisis en Perú es la réplica de lo que está ocurriendo en Brasil, donde la investigación Lava Jato no solo encarceló a una gran cantidad de empresarios y políticos, sino que además reveló los sobornos generalizados de las empresas de construcción brasileñas en al menos otros doce países de América Latina.

New York TImes